Entrevista a Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional
Las FARC pueden ser investigadas por “crímenes de lesa humanidad”
“En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”. Con esas palabras, Luis Moreno Ocampo justificó su afirmación de que las FARC, el principal grupo insurgente colombiano, “pueden ser pasibles de una investigación” en la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya. Además, puso en duda la doctrina del gobierno kirchnerista, que sostiene que sólo el Estado puede cometer ese tipo de delitos y que permite que los crímenes de la guerrilla en los 70 no estén siendo juzgados.
Por Juan Gasparini*
Desde su entrada en funciones en 2003 como procurador de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo abrió sumarios sobre cuatro países africanos: Uganda, Sudán, Congo y República Centroafricana, y puso en marcha “exámenes preliminares” en otros seis países de tres continentes, incluyendo el conflicto armado interno en Colombia, en el que admite que podría investigar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero de ese país, por crímenes de lesa humanidad.
En una entrevista exclusiva con PERFIL, Moreno Ocampo dijo que “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales. Las FARC son pasibles de una investigación. El gobierno colombiano nos ha enviado información porque tienen casos contra líderes de las FARC. Todavía no hemos tomado una decisión”.
Para Moreno Ocampo, los crímenes contra la humanidad no son exclusivos de un Estado o de un grupo estatal, como sostiene el gobierno de Cristina Kirchner, que también en esta materia sigue al de su esposo, Néstor. “Un crimen de lesa humanidad es una ataque sistemático y organizado contra la población civil. Si pudiera probarse que grupos guerrilleros realizan esos crímenes, podría afirmarse que cometen crímenes de lesa humanidad. En el Estatuto de Roma no hay nada que exija que solo el Estado puede cometer tales crímenes. En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”, explicó Moreno Ocampo.
Sus palabras adquieren un peso especial no sólo por su cargo actual: en Argentina, a Moreno Ocampo se lo recuerda por su papel estelar como fiscal en el juicio contra los cabecillas de la última dictadura militar, en 1985.
—Usted visitó Colombia en noviembre de 2007 y está llevando a cabo un examen preliminar. ¿Cuándo se conocerán sus conclusiones?
—Nuestro tribunal interviene en la medida que el sistema nacional de justicia no investigue o haya impunidad. Los juicios que a mí me gustaría hacer, los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo. Estamos monitoreando los procedimientos abiertos en Colombia contra los jefes paramilitares, un tema que implica a miembros del Congreso. Fuimos y nos entrevistamos con las víctimas y vimos a los jueces, a los fiscales y al gobierno para entender su visión de la situación. Estamos analizando la evolución de esos casos y una vez terminada la evaluación, vamos a pronunciarnos.
—¿Qué piensa de las acusaciones contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, formuladas por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, quien le reprocha financiar a las FARC?
—Probablemente, vamos a pedir esas informaciones a los tres países relacionados, Colombia, Venezuela y Ecuador, cuyos Estados forman parte del Estatuto de Roma que ha creado nuestro tribunal.
Nacido en 1952, padre de cuatro hijos, este abogado y ex fiscal federal de Argentina se ha convertido en el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI). A diferencia de los juicios en Nuremberg, la ex Yugoslavia y Ruanda, motivados por decisiones políticas de la comunidad internacional, la CPI encarna una “decisión jurisdiccional” de los Estados que firmaron el Estatuto de Roma en 1998 para investigar y sancionar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde su entrada en vigor, el 1º de julio de 2002.
Los Kirchner usan una vara más corta
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, estableció ya un criterio restringido: sólo son considerados delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos desde el aparato del Estado. La orden llegó el año pasado a todos los fiscales del país. Con esta doctrina, los ataques cometidos por la guerrilla, como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, no están siendo considerados de lesa humanidad y por esa razón han prescripto.
También la Corte Suprema de Justicia de la Argentina estableció en sus fallos la misma línea de razonamiento. Lo hizo en los casos de los represores Arancibia Clavel y Julio Simón, cuando el máximo tribunal marcó una diferencia entre una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, cometido desde el aparato del Estado. La Corte precisó que no toda violación a los derechos humanos es un crimen contra la humanidad y acordó con la definición de Righi. Pero, hay otros juristas que sostienen un criterio más amplio, como el del fiscal Luis Moreno Ocampo, y abarcan también a los grupos guerrilleros.
Fiscal, profesor y activista social
Fiscal adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal que en 1985 juzgó y condenó a la Junta Militar de la última dictadura argentina.
Participó del proceso contra parte de la Policía de Buenos Aires por crímenes contra los derechos humanos, incluido el general Ramón Camps.
Como jefe de la Fiscalía de la Cámara Federal de Buenos Aires estuvo a cargo de los juicios contra los militares responsables por la Guerra de Malvinas (1988) y de los dos casos de rebelión militar carapintada (1988 y 1992).
Profesor en la Universidad de Stanford (2002) y en la Universidad de Harvard (2003).
Cofundador de Poder Ciudadano, organización no gubernamental que promueve la responsabilidad y participación ciudadana.
Miembro del Comité Asesor de Transparencia Internacional, organización mundial para reducir la corrupción en transacciones de negocio internacional.
Desde 2003, es fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Por ahora, investiga los crímenes cometidos en Uganda, en la región sudanesa del Darfur y en la República Democrática del Congo.n
Edición Impresa Editorial Perfil
Domingo 16 de Marzo de 2008Año II Nº 0243Buenos Aires, Argentina
Las FARC pueden ser investigadas por “crímenes de lesa humanidad”
“En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”. Con esas palabras, Luis Moreno Ocampo justificó su afirmación de que las FARC, el principal grupo insurgente colombiano, “pueden ser pasibles de una investigación” en la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya. Además, puso en duda la doctrina del gobierno kirchnerista, que sostiene que sólo el Estado puede cometer ese tipo de delitos y que permite que los crímenes de la guerrilla en los 70 no estén siendo juzgados.
Por Juan Gasparini*
Desde su entrada en funciones en 2003 como procurador de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo abrió sumarios sobre cuatro países africanos: Uganda, Sudán, Congo y República Centroafricana, y puso en marcha “exámenes preliminares” en otros seis países de tres continentes, incluyendo el conflicto armado interno en Colombia, en el que admite que podría investigar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero de ese país, por crímenes de lesa humanidad.
En una entrevista exclusiva con PERFIL, Moreno Ocampo dijo que “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales. Las FARC son pasibles de una investigación. El gobierno colombiano nos ha enviado información porque tienen casos contra líderes de las FARC. Todavía no hemos tomado una decisión”.
Para Moreno Ocampo, los crímenes contra la humanidad no son exclusivos de un Estado o de un grupo estatal, como sostiene el gobierno de Cristina Kirchner, que también en esta materia sigue al de su esposo, Néstor. “Un crimen de lesa humanidad es una ataque sistemático y organizado contra la población civil. Si pudiera probarse que grupos guerrilleros realizan esos crímenes, podría afirmarse que cometen crímenes de lesa humanidad. En el Estatuto de Roma no hay nada que exija que solo el Estado puede cometer tales crímenes. En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”, explicó Moreno Ocampo.
Sus palabras adquieren un peso especial no sólo por su cargo actual: en Argentina, a Moreno Ocampo se lo recuerda por su papel estelar como fiscal en el juicio contra los cabecillas de la última dictadura militar, en 1985.
—Usted visitó Colombia en noviembre de 2007 y está llevando a cabo un examen preliminar. ¿Cuándo se conocerán sus conclusiones?
—Nuestro tribunal interviene en la medida que el sistema nacional de justicia no investigue o haya impunidad. Los juicios que a mí me gustaría hacer, los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo. Estamos monitoreando los procedimientos abiertos en Colombia contra los jefes paramilitares, un tema que implica a miembros del Congreso. Fuimos y nos entrevistamos con las víctimas y vimos a los jueces, a los fiscales y al gobierno para entender su visión de la situación. Estamos analizando la evolución de esos casos y una vez terminada la evaluación, vamos a pronunciarnos.
—¿Qué piensa de las acusaciones contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, formuladas por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, quien le reprocha financiar a las FARC?
—Probablemente, vamos a pedir esas informaciones a los tres países relacionados, Colombia, Venezuela y Ecuador, cuyos Estados forman parte del Estatuto de Roma que ha creado nuestro tribunal.
Nacido en 1952, padre de cuatro hijos, este abogado y ex fiscal federal de Argentina se ha convertido en el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI). A diferencia de los juicios en Nuremberg, la ex Yugoslavia y Ruanda, motivados por decisiones políticas de la comunidad internacional, la CPI encarna una “decisión jurisdiccional” de los Estados que firmaron el Estatuto de Roma en 1998 para investigar y sancionar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde su entrada en vigor, el 1º de julio de 2002.
Los Kirchner usan una vara más corta
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, estableció ya un criterio restringido: sólo son considerados delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos desde el aparato del Estado. La orden llegó el año pasado a todos los fiscales del país. Con esta doctrina, los ataques cometidos por la guerrilla, como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, no están siendo considerados de lesa humanidad y por esa razón han prescripto.
También la Corte Suprema de Justicia de la Argentina estableció en sus fallos la misma línea de razonamiento. Lo hizo en los casos de los represores Arancibia Clavel y Julio Simón, cuando el máximo tribunal marcó una diferencia entre una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, cometido desde el aparato del Estado. La Corte precisó que no toda violación a los derechos humanos es un crimen contra la humanidad y acordó con la definición de Righi. Pero, hay otros juristas que sostienen un criterio más amplio, como el del fiscal Luis Moreno Ocampo, y abarcan también a los grupos guerrilleros.
Fiscal, profesor y activista social
Fiscal adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal que en 1985 juzgó y condenó a la Junta Militar de la última dictadura argentina.
Participó del proceso contra parte de la Policía de Buenos Aires por crímenes contra los derechos humanos, incluido el general Ramón Camps.
Como jefe de la Fiscalía de la Cámara Federal de Buenos Aires estuvo a cargo de los juicios contra los militares responsables por la Guerra de Malvinas (1988) y de los dos casos de rebelión militar carapintada (1988 y 1992).
Profesor en la Universidad de Stanford (2002) y en la Universidad de Harvard (2003).
Cofundador de Poder Ciudadano, organización no gubernamental que promueve la responsabilidad y participación ciudadana.
Miembro del Comité Asesor de Transparencia Internacional, organización mundial para reducir la corrupción en transacciones de negocio internacional.
Desde 2003, es fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Por ahora, investiga los crímenes cometidos en Uganda, en la región sudanesa del Darfur y en la República Democrática del Congo.n
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Domingo 16 de Marzo de 2008Año II Nº 0243Buenos Aires, Argentina
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